El pleno del Congreso de los Diputados ha respaldado hoy, en sesión parlamentaria y de forma unánime, el reconocimiento oficial de las lenguas de signos existentes en nuestro país: la española y la catalana.
La comunidad sorda (formada por dos millones de personas, 100.000 con sordera profunda) ha recibido con alegría la aprobación de esta ley ya que, consideran, reconoce los derechos de la totalidad de los sordos, con independencia del modo en que se comuniquen.
Dado que se trata de una demanda histórica del colectivo, casi un centenar de sordos se han reunido a las puertas del Congreso para celebrar, al grito de "¡Esa lengua!" y "¡Ya era hora!", su victoria.
Y es que la aprobación de la ley obligará al Estado a ofrecer garantías legales para el acceso de los sordos a la comunicación en ámbitos como la administración, los tribunales, la sanidad o la educación.
Independencia
Estas garantías se traducen en la presencia obligatoria de traductores de lengua de signos en estos espacios o la existencia de medios de apoyo alternativos, como las claves visuales.
Todas estas medidas fomentan la independencia de estas personas, quienes, desde ahora, podrán realizar trámites, como acudir a un centro sanitario, de forma autónoma, sin tener que estar acompañados de un familiar que les haga de traductor.
Educación y libre elección de lengua
Uno de los aspectos destacados del texto es la libertad de elección de lengua para esta comunidad (ya sea oral o la de signos) así como el derecho de los padres a escoger le lengua en la que educar a sus hijos sordos.
Hasta ahora, comentan desde la Asociación de Familiares de Personas Sordas (FIAPAS), la educación de los niños se producía en centros escolares convencionales, con la mera existencia de una persona de apoyo.
Ahora, los padres podrán optar por la educación bilingüe (que hasta ahora existía, pero no contaba con apoyos económicos suficientes, según explican desde la Confederación de Sordos Españoles -CNSE-).
En el caso de optar por centros convencionales, tendrán la garantía de que existe en ellos un número suficiente de logopedas y especialistas adecuadamente preparados para atender a los niños sordos, y garantizar su acceso a los conocimientos en igualdad de condiciones que los oyentes.
Centro de Normalización Lingüística
Otra de las medidas clave de la ley es la equiparación de la lengua de signos española con la catalana. Ambas son las únicas lenguas de signos existentes en España, y cabe destacar que no consisten en una mera traducción a signos de las lenguas orales (razón por la que no existe una lengua de signos vasca o gallega), sino que se definen por rasgos culturales diferentes y presentan un larga trayectoria histórica.
Asimismo, crea un Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, que estará regido por un órgano colegiado paritario formado por responsables de la Administración y entidades representativas de este colectivo.
Por último, la Ley contempla la elaboración de un estudio sobre los profesionales de las lenguas de signos y las titulaciones necesarias para su desempeño, así como el apoyo, por parte de los poderes públicos, a la financiación para la adquisición de apoyos técnicos para personas sordas.
La comunidad sorda (formada por dos millones de personas, 100.000 con sordera profunda) ha recibido con alegría la aprobación de esta ley ya que, consideran, reconoce los derechos de la totalidad de los sordos, con independencia del modo en que se comuniquen.
Dado que se trata de una demanda histórica del colectivo, casi un centenar de sordos se han reunido a las puertas del Congreso para celebrar, al grito de "¡Esa lengua!" y "¡Ya era hora!", su victoria.
Y es que la aprobación de la ley obligará al Estado a ofrecer garantías legales para el acceso de los sordos a la comunicación en ámbitos como la administración, los tribunales, la sanidad o la educación.
Independencia
Estas garantías se traducen en la presencia obligatoria de traductores de lengua de signos en estos espacios o la existencia de medios de apoyo alternativos, como las claves visuales.
Todas estas medidas fomentan la independencia de estas personas, quienes, desde ahora, podrán realizar trámites, como acudir a un centro sanitario, de forma autónoma, sin tener que estar acompañados de un familiar que les haga de traductor.
Educación y libre elección de lengua
Uno de los aspectos destacados del texto es la libertad de elección de lengua para esta comunidad (ya sea oral o la de signos) así como el derecho de los padres a escoger le lengua en la que educar a sus hijos sordos.
Hasta ahora, comentan desde la Asociación de Familiares de Personas Sordas (FIAPAS), la educación de los niños se producía en centros escolares convencionales, con la mera existencia de una persona de apoyo.
Ahora, los padres podrán optar por la educación bilingüe (que hasta ahora existía, pero no contaba con apoyos económicos suficientes, según explican desde la Confederación de Sordos Españoles -CNSE-).
En el caso de optar por centros convencionales, tendrán la garantía de que existe en ellos un número suficiente de logopedas y especialistas adecuadamente preparados para atender a los niños sordos, y garantizar su acceso a los conocimientos en igualdad de condiciones que los oyentes.
Centro de Normalización Lingüística
Otra de las medidas clave de la ley es la equiparación de la lengua de signos española con la catalana. Ambas son las únicas lenguas de signos existentes en España, y cabe destacar que no consisten en una mera traducción a signos de las lenguas orales (razón por la que no existe una lengua de signos vasca o gallega), sino que se definen por rasgos culturales diferentes y presentan un larga trayectoria histórica.
Asimismo, crea un Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, que estará regido por un órgano colegiado paritario formado por responsables de la Administración y entidades representativas de este colectivo.
Por último, la Ley contempla la elaboración de un estudio sobre los profesionales de las lenguas de signos y las titulaciones necesarias para su desempeño, así como el apoyo, por parte de los poderes públicos, a la financiación para la adquisición de apoyos técnicos para personas sordas.
